LA RABIOSA REPRESION DEL CASTELLANO

Aunque el artículo 3.1 de nuestra Constitución establece que todos los españoles tienen el derecho a usar el castellano, sabido es que los nacionalistas, allí donde han alcanzado el poder, han hecho de la violación sistemática de este precepto constitucional la base de su acción de gobierno quebrantando alevosamente las libertades ciudadanas y con la aquiescencia de los distintos Gobiernos de España (cuando no colaborando abiertamente con los partidos nacionalistas, sobre todo el catalán), que hay que ganarse los votos como sea.

Las consecuencias son obvias, los sucesivos Gobiernos de la Generalitat han incumplido sistemáticamente las diversas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ratificadas posteriormente por el Tribunal Supremo, que exigían, primero, que la enseñanza del castellano contara con al menos tres horas semanales dentro de los planes de estudio; segundo, que no se usara en exclusiva el catalán durante las actividades de acogida matinales en colegios y guarderías; y tercero, y más importante, que en los formularios de preinscripción escolar se consultara a los padres sobre sus preferencias por la enseñanza en castellano o en catalán. En contra de esto, la Generalitat se declara insumisa (gracias también a que el Gobierno central, encargado de hacer cumplir la ley a todos los ciudadanos y Administraciones, ha optado por permitírselo)y ha continuado sin impartir la tercera hora de castellano, imponiendo el catalán en las actividades matinales y omitiendo la casilla sobre preferencia lingüística en las preinscripciones escolares.

Así las cosas, y en defensa de nuestras libertades, en detrimento de las pretensiones totalitarias de nuestros políticos, hay sectores ciudadanos que todavía no aceptan la sumisión y siguen buscando amparo en la Justicia: Convivencia Cívica Catalana, en representación de tres familias de la región, interpuso una querella por prevaricación contra Meritxell Ruiz Isern, directora general de Atención a la Familia y Comunidad Educativa, por incumplir las tres sentencias del Supremo (arriba indicadas). También este 21 de febrero, que se celebra el día de la Lengua Materna, la Asociación por la Tolerancia de Cataluña, Círculo Balear, Galicia Bilingüe, Plataforma por la Libertad de elección lingüística del País Vasco y Plataforma Valenciana por la Libertad Lingüística han firmado un manifiesto conjunto en el que reclaman "el derecho a escoger la lengua de escolarización de nuestros hijos". Recuerdan la vulneración "sistemática" de dicho derecho en las comunidades donde actúan y califican de "discriminatoria" la inmersión lingüística que rige en dichas comunidades. También lamentan que las leyes de inmersión olviden a los niños castellanohablantes y den la espalda "a la realidad sociológica" que reclama la educación en español y piden al fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, que "inste a los gobiernos autonómicos a cumplir las leyes", en alusión a las últimas sentencias del Supremo. Igualmente reclaman al Congreso una ley de lenguas con el fin de garantizar los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos y que suponga la derogación de las leyes de inmersión obligatoria. Asesorados por Galicia Bilingüe, quince padres llevan a Feijóo a los tribunales por impedir la enseñanza en castellano puesto que en Galicia siguen sin cumplirse las sentencias contra la inmersión lingüística. Galicia Bilingüe lamenta que el actual Presidente de la Xunta (del PP él), no sólo "haya incumplido su promesa de permitir que se pueda elegir el idioma vehicular de las asignaturas troncales, sino que ha aprobado un decreto que niega a los más pequeños el derecho a ser educados en lengua materna, algo fundamental para su formación, algo que se respeta de forma escrupulosa en todas las democracias, sin dejarles otra salida a los padres que acudir a los tribunales para defender sus derechos".

En las Comunidades Autónomas “bilingues” se da la circunstancia, además, de no tener en absoluto un bilingüismo en la Administración, que es algo que se suele denunciar solo de Cataluña, pero es en todas. No hay nada en castellano ni en los edificios oficiales ni en las comunicaciones que reciben los ciudadanos. Y sobre las campañas de acoso hacia los padres que luchan por la escolarización en castellano, si antes ese tipo de campañas las hacían los fanáticos radicales "ahora los que están a cargo de eso son los ‘oficiales’ en muchos casos gente del Partido Popular (recordar que sin ir más lejos fue Fraga el impulsor de la campaña “Pasate ao galego“).

Y ejemplos de la discriminación del castellano (español, por ser la lengua oficial de España) hay muchos y todos los: una asociación denunció el pasado mes de diciembre ante el Defensor del Pueblo de Navarra la decisión del ayuntamiento de Alsasua de modificar los nombres de casi 100 calles del municipio resultando la nueva nomenclatura exclusivamente en euskera, de forma contraria a lo que establece la normativa lingüística de Navarra, que obliga a que se rotule de forma bilingüe. Prácticamente el mismo día se conocía la resolución del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Vigo que daba la razón a la empresa Eloymar-Tranvías, concesionaria del Ayuntamiento gallego, que exigía recibir las notificaciones del consistorio en castellano, mientras el equipo de gobierno resultante del pacto entre socialistas e independentistas las tramitaba únicamente en gallego. Se ha sabido que la Generalitat impuso solamente el año 2010 un total de 205 multas a establecimientos por infracciones de la Ley de Política Lingüística, que obliga a rotular en catalán. Con estas sanciones, el Gobierno catalán recaudó 182.000 euros. Y no hacía siquiera dos semanas se había conocido la decisión del Gobierno de Patxi López de destinar 500.000 euros a la promoción del euskera en Francia, partida presupuestaria que venía en la línea de otras con las que se financian las ikastolas francesas, la promoción del euskera en el burgalés Condado de Treviño o las propias clases del lehendakari para tratar de dominar la lengua vasca, mientras desde la Consejería de Educación se siguen argumentando motivos económicos para no abrir aulas en castellano. También gracias a la denuncia de Ciudadanos (C`s) se conocía hace unos días que un colegio público de Sitges “marcaba” con una pegatina roja en forma de semáforo las calificaciones de un niño de cinco años por emplear el castellano a la hora de expresarse en el centro,“marca roja” que tal vez determina quiénes son ciudadanos de primera y quiénes de segunda. Coincidiendo en el tiempo se ha sabido de otro más de los pagos de Zapatero al PNV por su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado de hace unos meses (hubo quienes denunciamos que los traductores del Senado venían en la factura de aquel trato, pero el importe del chantaje iba más allá) y la semana pasada se aprobaba en el Congreso el cambio de nombre de las provincias vascas, que pasarán a denominarse únicamente en euskera gracias al apoyo del PSOE (en la exposición de motivos de la proposición, el PNV argumenta que las Cortes Generales ya aprobaron modificar la denominación de algunas provincias, como Gerona por Girona y Lérida por Lleida, y comunidades autónomas como Islas Baleares por Illes Balears. Los nacionalistas vascos piden en este sentido lo mismo para sus tres provincias respectivos Bizkaia, Gipuzkoa y Araba-Álava), pero sin contrapartida en castellano.

Y la conclusión de todo esto es que el nacionalismo identitario, ya sea en Cataluña, en Galicia o en el País Vasco, construye desde el chantaje un modelo de sociedad en el que quienes piensan diferente, o quienes deciden emplear la lengua oficial del Estado y no la autonómica de turno, son marcados y excluidos.

Pero la lucha sigue: hace unas semanas en Barcelona todos “los extranjeros” aspirantes a taxistas eligieron el castellano como lengua en que hacer el examen oral. Se trataba de la primera vez en que se exigía para obtener la licencia una prueba con la que demostrar que conocían una de las dos lenguas oficiales de Cataluña y tenían la opción de elegir catalán o castellano ya que "cada vez hay más taxistas que no entienden ni se pueden comunicar con sus clientes, lo que perjudica a la imagen del servicio de calidad del taxi", argumenta el sector. En contrapartida el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, con objeto de realizar las pruebas que evalúen el nivel de los estudiantes españoles en varias materias, como comprensión lectora, matemáticas, ciencias e idiomas, cuyos exámenes se realizarán en todas las comunidades autónomas, aunque los alumnos catalanes serán los únicos que no podrán elegir el idioma en el que deseen examinarse: sólo podrán hacerlo en catalán. También la Consejería de Educación del Gobierno de Baleares ha informado que este jueves 18 de los 300 centros escolares públicos pararon las clases con el objetivo de protestar contra el programa lingüístico del PP, que apuesta por el bilingüismo. Para hacer esto cada centro ha optado por un tipo de actividad para realizar la propuesta, siempre en horario escolar. Sin embargo, parece ser que el IES Marratxí de la isla de Mallorca ha ido más allá y ha criticado de manera expresa al Partido Popular. El impulsor de la iniciativa ha sido el IES Pau Casesnoves de Inca, centro dirigido por la esposa del consejero de Movilidad y líder del PSM, Biel Vicens. En ese instituto se leyó un manifiesto a favor de la lengua catalana junto a un mural con un mapa en el que aparecía lo que los nacionalistas llaman "países catalanes" así como una bandera catalana. Algunos alumnos han asegurado que les han obligado a salir al patio a realizar esta protesta y otros afirman que tenían la opción de quedarse en la biblioteca. La dirección del centro puso canciones a los alumnos y repartió las letras para que cantasen "Yo soy catalán" del independentista Biel Bajoral. Algunos alumnos denunciaron presiones y que no se les dejó sacar la bandera española. Y otro ejemplo es el de unos padres gallegos que a base de luchar han logrado que las cartillas de nacimiento de los niños puedan recibirse en castellano (sólo mediante un escrito urgente, desde este mes de enero la consejería de Sanidad gallega proporciona documentos relativos a los bebés en castellano, porque esa documentación esta disponible exclusivamente en gallego).

Y para terminar de rematar la jugada de tanta democracia lingüística, el Ayuntamiento de Barcelona ha editado un cómic en el que reduce el español a la lengua que utilizan las personas con tintes racistas, intransigente y con falta de formación. El cómic forma parte de la revista de invierno de 2011 de los centros cívicos de la Ciudad Condal, que edita el consistorio que preside el socialista Jordi Hereu. Se trata de un ejemplo más en la estigmatización del castellano como un idioma extraño y ajeno en Cataluña.

Toda una vulneración, en fin, del Estado de derecho y al sometimiento de los políticos dando refrendo, muchas veces normativo, a todos estos dislates autoritarios.